¿Hasta dónde llegan las atribuciones de un despacho de cobranza?

Cuando se trata de deudas impagas, los despachos de cobranza juegan un papel clave. Su función principal es dar seguimiento a los adeudos y buscar vías para llegar a acuerdos de pago. Pero, ¿hasta dónde pueden llegar en el proceso de cobranza?, ¿tienen el poder de embargar a una persona? Vamos a explorar estas incógnitas para entender qué puede y qué no puede hacer un despacho de cobranza.

El rol de un despacho de cobranza

Los despachos de cobranza son entidades comúnmente utilizadas por las instituciones crediticias. Su labor principal es actuar como intermediarios, estableciendo comunicación con los deudores y buscando acuerdos para regularizar los pagos pendientes. En términos sencillos, su función se limita a ser un puente entre el deudor y la entidad crediticia.

Atribuciones de un despacho de cobranza

Es crucial aclarar que un despacho de cobranza no tiene la facultad de emprender acciones legales directas contra una persona. Su rol se circunscribe a la gestión de cobranza extrajudicial, una mediación cuyo objetivo es recuperar deudas sin recurrir a instancias legales. En México, la Condusef.gob.mx supervisa y regula las actividades de estos despachos.

Las instituciones que otorgan créditos, ya sean bancos o tiendas departamentales, recurren a los despachos de cobranza para llevar a cabo procesos de cobranza extrajudicial. Esto implica que estos despachos actúan como representantes de la entidad que busca recuperar la deuda. Su papel es negociar directamente con los deudores, proponiendo alternativas de pago, reestructuración de deudas o planes de pago nuevos.

Es fundamental destacar que los despachos de cobranza solo intervienen cuando la deuda ha entrado en mora, es decir, cuando han pasado más de 90 días sin un pago. Es en este momento que tienen la autorización para negociar directamente con los clientes, buscando soluciones que beneficien tanto a la entidad crediticia como al deudor. En resumen, su actuación está limitada al ámbito de la negociación y mediación, sin capacidad para llevar a cabo acciones legales como el embargo.